Autor: Ernesto Jiménez
A mediados del año 2008 el mundo empezó a sentir las severas repercusiones de la crisis hipotecaria que inició en Estados Unidos a principios del 2007. Esta crisis, como si de un virus se tratara, contagió al sector financiero de esa nación, la cual, debido a su relevancia global, transfirió los disturbios de sus finanzas internas a los demás mercados financieros de todo el globo terráqueo, lo cual, finalmente, afectó a todas las economías del planeta.
En el 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se contrajo un 2.9 %, a raíz del precario desempeño de las grandes economías del planeta, dentro de las que cabe destacar la caída del PIB de Estados Unidos en un 2.3 % y de la Unión Europea en un 4 %. Las graves secuelas de esta crisis económica global se manifestaron de inmediato con el quiebre de miles de empresas, millones de seres humanos desempleados y un sensible aumento de la pobreza.
Para enfrentar este desastre productivo la mayoría de las naciones del planeta asumieron compromisos de deuda pública en niveles sin precedentes. Sus economías se vieron, metafóricamente, entre la espada y la pared, pues si no contraían dichos empréstitos, entre ajustes y recortes fiscales se arriesgaban a profundizar los peligrosos quiebres del tejido social y político que producen los resabios de la pobreza creciente. Y justo eso sucedió con la política de austeridad en la zona euro.
Ese dramático escenario de hace apenas 11 años es en gran medida responsable de la vulnerabilidad fiscal que muchos países están mostrando ante el embate sanitario y económico del coronavirus Covid-19. Esto quiere decir, en términos más simples, que los esfuerzos de emisión de deuda pública que se realizaron para paliar la crisis del 2008, y la subsecuente lenta recuperación económica, ha dejado en un estado de alta debilidad a las economías del planeta.
En República Dominicana, al igual que el resto de América Latina, se padeció en carne viva la situación anteriormente descrita. Ante la recesión global y sus efectos en las naciones de la región, la emisión de deuda fue una necesidad ineludible. Desde el 2008 a la fecha, la deuda pública consolidada (deuda total del Estado) se incrementó en más de 30 mil millones de dólares, al pasar de 15 mil 440 millones de dólares en el 2008, a más de 51 mil millones de dólares para el 2020. Este nivel de deuda representa, a julio del 2020, el 56 % del PIB.
A esto se le debe agregar los nuevos empréstitos que el Estado dominicano se verá precisado a tomar ante la caída de las recaudaciones luego del “coma inducido” al que fue sometido la economía para intentar frenar la propagación del Covid-19. En ese sentido, el presupuesto complementario del año 2020 agrega nuevas partidas de financiamiento por unos 3,458 millones de dólares, los cuales, elevarían la deuda pública al 60 % del PIB.
Estos esfuerzos fiscales adicionales son necesarios para mantener niveles aceptables de consumo y producción que coadyuven a la recuperación de la economía y al bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, es preciso observar que, es también imperioso mantener la sostenibilidad de la deuda; por eso, el gobierno no debe perder nunca la prudencia en el gasto y la racionalidad fiscal, para de esta manera, evitar convertir la crisis sanitaria de hoy en una dolorosa crisis de deuda mañana.
