Autor: Ernesto Jiménez
Los estragos del coronavirus COVID-19 siguen determinando la agenda pública y privada a nivel global. Sus devastadores repercusiones sanitarias han cobrado la vida de más de 743 mil personas e infectado a más de 20 millones de seres humanos en todo el mundo; en adición a esto, su impacto en la economía sigue siendo el quebradero de cabeza de mandatarios, economistas, empresarios y hacedores de políticas públicas en todo el globo terráqueo.
Las proyecciones sobre el desempeño de la economía mundial son, sencillamente, dramáticas. El Banco Mundial, en su informe: “Perspectivas económicas mundiales” de junio del 2020, estima que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se contraerá un -5.2 % en el presente año. Esta caída de la producción global representaría la peor recesión desde la segunda guerra mundial, y la primera vez desde 1870 que tantas economías experimentan una caída del PIB per capita en el mismo período de tiempo.
En el caso de América Latina y el Caribe, este organismo estima que se registrará una contracción del PIB de -7.2 % al cierre de este año. Los países con el mayor nivel de decrecimiento económico serán: Perú (-12 %), Brasil (-8 %), México (7.5 %), Ecuador (-7.4 %) y Argentina (-7.3 %). Mientras que los demás países de la región también presentarán contracciones, pero menores a las anteriores, por ejemplo, la economía de Bolivia caerá un 5.9 %, la de Colombia 4.9 %, la de Chile 4.3 %, la de Uruguay 3.7 %, entre otros.
Estas cifras macroeconómicas pudieran parecer frías e impersonales, pero es fácil entender como una reducción tan profunda de la producción conlleva intrínsecamente secuelas sociales terribles que, se reflejarán en aumento de la pobreza, pérdida de empleos y mayores niveles de desigualdad. El agravamiento de estos fenómenos sociales podrían generar altos niveles de inestabilidad que, en consecuencia, deteriorarían los procesos de progreso democrático, social y económico, en especial, en los países en vías de desarrollo.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que, a causa del COVID-19, la pobreza en la región se incrementará en casi 30 millones de personas, alcanzando la cifra de 215 millones de pobres para finales del 2020. La pobreza extrema ascendería a la cifra de 83 millones, lo que significa un aumento de 16 millones de seres humanos viviendo en condiciones abyectas de precariedades materiales y miseria.
El desempleo en América Latina, acorde a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría llegar a la cifra record de 45 millones de personas. La tasa de desocupación promedio de la región que, a fines de 2019 era de 8.1 %, subiría entre 4 y 5 puntos porcentuales, alcanzando un tasa de 12.3 %, pero si se consideran los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una potencial contracción de la economía global de -9.4 %, los niveles de desempleo superarían el 13 %. Ahora bien, es importante señalar que si la crisis sanitaria continúa profundizándose la situación, evidentemente, podría empeorar.
En cuanto a República Dominicana, la CEPAL estima que su economía caerá un -5.3 %, lo cual, sería la contracción más grave de las últimas 3 décadas. En ese orden, el Banco Central de esta nación caribeña, publicó que el PIB decreció en un -8.5 % en el primer semestre del año. Acorde a datos de esta entidad pública, en el mes de abril el PIB retrocedió un -29.8 %, en mayo un -13.6 % y en junio un -7.1 %. Si bien se podría decir que lo peor de la pandemia pasó, no se pueden subestimar las secuelas sociales que deja a su paso, entre las que se encuentra, la pérdida de empleos, cierre de empresas, reducción de ingresos y aumento de la pobreza.
Este sombrío panorama económico, unido a sus inherentes efectos sociales, impactará severamente los procesos de consolidación democrática y económica de los pueblos de América Latina. Por tanto, la región precisa de gobiernos proactivos y eficientes que, al momento de abordar esta crisis sin precedentes, no pierdan legitimidad ni el capital político necesario para continuar con las reformas institucionales pendientes.
De cara al futuro cercano, para el año 2021, el Banco Mundial estima que la economía global reiniciaría su camino hacia la recuperación. Sin embargo, así como la crisis económica es una especie de coma inducido producido por las medidas de confinamiento y cierre de la producción que, ante el embate del Covid19, ordenaron los gobiernos; así también, la recuperación de dicha producción está condicionada por una posible solución científica o médica de la crisis sanitaria que ha generado esta pandemia. Es decir, las perspectivas de retomar el crecimiento de la economía, dependen en gran medida, de las medidas o soluciones que provea la comunidad científica.
